Jaime Díaz Gavier: «La pena se impone para ser cumplida en la cárcel»

La filtración del listado de «internos sugeridos» para ser beneficiados con el régimen de la prisión domiciliaria volvió a poner en debate la discusión en torno a la posibilidad de que los condenados por delitos contra la humanidad pueden acogerse a tal derecho. El Juez Federal Jaime Diaz Gavier es el Presidente del TOF 1 de Córdoba que tuvo en sus manos las causas más emblemáticas entre las que pasaron por el centro del país. Allí se volvió a condenar a Videla a prisión desde el reinicio de los juicios por delitos de lesa humanidad y se llevó a cabo el proceso más largo de la historia, la megacausa La Perla que duró 3 años, 8 meses y 20 días. Diaz Gavier habló con César Pucheta y Paula Hernandez en la mañana de Radio Nacional Córdoba. Retomamos algunos de sus conceptos fundamentales.

-¿Tiene una opinión sobre este debate que parece haberse abierto nuevamente en la sociedad argentina?
-Lo primero que llama la atención es que estas noticias y trascendidos sobre informes y comunicados se lancen y aparezcan en esta época cuando estamos en los albores del 24 de Marzo. La ley prevé la posibilidad de prisiones domiciliarias pero siempre sujetas a la decisión de los jueces. Pero debo decirle que la Cámara de Casación Penal, en algunas de sus salas, ha ordenado el traslado a prisiones domiciliarias considerando como condición sólo el cumplimiento de la condición etaria, cuando el detenido ya ha cumplido 70 años. Mientras tanto, un tribunal, cada vez que un abogado esgrime una razón médica, ordena una serie de estudios que nos dicen si se pueden realizar los tratamientos dentro de la propia cárcel o si los imputados deben ser trasladados a un establecimiento médico o al propio domicilio. En principio la pena se impone para ser cumplida en establecimientos carcelarios, esa es la norma básica y regular. Sólo en situaciones verdaderamente justificadas puede ordenarse la prisión domiciliaria.

-¿Se pueden contemplar algunos otros aspectos a la hora de otorgar o no una prisión domiciliaria como por ejemplo el arrepentimiento del condenado o la peligrosidad del mismo?
-Ese tipo de cuestiones no están previstas en los artículos de la ley. El arrepentimiento o la colaboración de una persona para determinar la responsabilidad de un delito pueden tomarse en cuenta durante el proceso pero cuando la pena ya está firme no tiene ninguna incidencia. Lo que incide son cuestiones objetivas que la ley prevé a la hora de determinar si otorga el beneficio o no, por ejemplo la edad.

-Cada tanto nos enteramos de algún beneficiario de este tipo de régimen que viola la prisión domiciliaria y se convierte en noticia. ¿Cómo son los controles?
-Hay controles periódicos que se llevan adelante regularmente. Según las últimas decisiones se ha impuesto el uso de la pulsera electrónica a través de la cual el organismo encargado de esos controles tiene un efectivo control sobre los movimientos del detenido. Ese es un mecanismo muy efectivo porque enseguida advierte la violación de un límite específico. Pero no todos los detenidos tienen este sistema que se ha empezado a usar hace muy poco. Pero los detenidos saben que si violan el régimen de prisión domiciliaria y alguien se percata de ello, el beneficio será revocado y volverán a prisión. Yo le diría que en términos generales, la mayoría cumple con los requisitos porque saben que al no hacerlo corren un severo riesgo, que es volver a la cárcel.

-¿Cree que debería haber un sistema diferenciado en el caso de los condenados por delitos de lesa humanidad a la hora de evaluar si se les otorga el beneficio o no?
-Es muy difícil porque la ley debe ser igual para todos, se podría llegar a incurrir en errores de corte anticonstitucional inclusive. Pero yo se lo plantearía al revés, todos los beneficios que se apliquen a condenados por delitos de lesa humanidad también deben regir para los condenados por delitos comunes por quienes muy pocos se preocupan porque salen poco en los diarios. Quienes están tan interesados por beneficiar a detenidos por delitos de lesa humanidad deberían reclamar los mismos derechos para los presos comunes.

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