Maximiliano Vittar: «El inquilino es un sujeto social vulnerado»

El problema habitacional en la Argentina es una de esas deudas pendientes que a medida que pasan los años y los gobiernos se va agravando de manera notoria. A la falta de oportunidades se le suman las crisis económicas, el drama se hace cíclico y ya no reconoce generaciones. La imposibilidad de acceso a la casa propia ha incrementado la cantidad de argentinas y argentinos en situación de inquilinato que, según estimaciones recientes, alcanzaría a una 800 mil personas (el 28% de la población) sólo en Córdoba. En ese marco, el poder de los sectores que ostentan unidades habitacionales se ido incrementando y los inquilinos han ido notando sus consecuencias en el día a día de sus bolsillos. Hace unos días, la organización Inquilinos Córdoba presentó un proyecto que busca avanzar sobre «el abuso por parte de los administradores de consorcios” que toma especial relevancia cuando entramos a analizar el monto de las expensas» que se evidencia como uno de los factores más importantes en el costo total de los alquileres en el centro del país. Hablamos con Maximiliano Vittar, representante de Inquilinos Córdoba. 

Maximiliano Vittar – Captura TV

-Contanos sobre la idea de crear un «registro de administraciones».
-Desde principio de año venimos recibiendo demasiadas consultas en todo lo que respecta al cobro de expensas. Las dudas no giran en torno a los rubros que se cobran sino también a los montos que muchas veces se terminan por cargar a los inquilinos. A partir de esas dudas, empezamos a hacer algunos relevamientos que determinaron que las expensas, hoy en Córdoba, implican sumarle un 35% más al costo del alquiler. Si calculamos que en una encuesta realizada a nivel nacional a comienzos de año habíamos estimado que el valor del alquiler (sin expensas ni impuestos) se comía el 40% de nuestro salario, estamos hablando de un número muy significativo en materia de gastos para los inquilinos. Ante esa realidad que da cuenta, a nuestro entender, de una serie de atropellos y abusos por parte de los administradores de los edificios es que decidimos avanzar en esta ley que tiene su base en una norma de similares características en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esa norma crea un registro público de administraciones que permite conocer con claridad los rubros que se pueden sumar en el cobro de las expensas y establece quiénes son las personas que están capacitadas y autorizadas para llevar adelante las tareas de administración de un consorcio.

-¿Qué características debería tener alguien para poder administrar un edificio?
-Hoy no se exige nada. Cualquier persona que puede llegar a tener alguna relación con el dueño de un edificio se puede sentar y lleva adelante las tareas de administración sin que nadie les diga ni les controle nada.  No se exigen título, ni capacitación, ni idoneidad alguna. Para nosotros tienen que ser profesionales matriculados en consejos de profesionales de Ciencias Económicas o abogados o corredores inmobiliarios. En el proyecto también exigimos que deben realizarse tareas de capacitación independientemente de la idoneidad que por su profesionalidad pueden llegar a tener estas personas.

-¿Y esos perfiles qué garantizarían?
-Mejoraría mucho la posibilidad de sancionar, por ejemplo. A menos que se inicie un juicio penal, hoy no existen posibilidades de obtener respuestas ante los atropellos de las administraciones. El proyecto contempla el cobro de multas, la suspensión del registro hasta un lapso de dos años y la exclusión. Teniendo estas herramientas que habilita sanciones, nosotros creemos que quienes lleven adelante las tareas de administración van a tener mucho más cuidado. Nos parece que el Estado debe tener muchísimo más control en estos rubros porque estas personas están manejando dineros que son ajenos.

-¿Cuáles son las irregularidades más grandes que se observan en el cobro de expensas?
-Nuestro proyecto no sólo contempla la situación de inquilinos sino también la de los propietarios. Ellos también terminan pagando, a veces, rubros que no le corresponden y también se ven perjudicados en la suba acelerada de los costos porque para poderle alquilar el departamento a alguien tienen que resignar el dinero de ese alquiler para evitar que los precios sean accesibles a quienes buscan alquilar. A los inquilinos nos hacen pagar muchas cosas que no nos corresponden, por ejemplos las expensas extraordinarias. Está establecido por el Código Civil y por los propios usos y costumbres que esas cosas las tiene que pagar el propietario, sin embargo eso a veces no sucede.

-¿Qué otros desafíos aparecen para los inquilinos cordobeses que deben analizarse en el futuro inmediato?
-El principal problema de los inquilinos sigue siendo que nos cobran cosas que no nos corresponden pagar y que nunca nos brindan respuestas cuando tenemos problemas entre departamentos. Esos son problemas con los administradores a los que también hay que sumarle la falta de mantenimiento en ascensores y espacios comunes. Te cobran pero no te limpian y los ascensores no andan. Por otro lado, tenemos una serie de problemas con las inmobiliarias como el problema de las humedades. Los inquilinos estamos buscando edificios cada vez más viejos porque no sólo que en los nuevos te viene todo incluido en las expensas (lo que las hace carísimas) sino que, además, los materiales son muy precarios porque los propietarios no compran para vivir sino que lo consideran una inversión. Eso hace que existan muchos problemas de construcción general que hacen que las condiciones de vida de los inquilinos sean muy malas. Por otro lado, yo no sé cuántos inquilinos saben que el impuesto al sello se debe pagar 50/50 con el propietario o que no te pueden cobrar la certificación de tu propia firma. Si el que quiere aseverarse de que tu firma sea tuya es el propietario ¿por qué vas a pagar vos el escribano?  A lo sumo pagaras vos el escribano que certifique la firma del propietario pero al revés no tiene sentido. El cálculo de la comisión inmobiliaria también está plagado de irregularidades y es un punto en el que hay muchísimas quejas. El tema de los impuestos es otro tema porque acá parece que el inquilino tiene que pagar todo y no es así. En Buenos Aires, que tiene una de las tasas de alquileres más altas de la Argentina, el propietario paga el impuesto a rentas y el inquilino sólo paga el ABL, acá no. Todo eso debemos discutir.

-¿Han encontrado un espacio institucional en la provincia para canalizar este tipo de reclamos?
-La verdad es que hemos encontrado muchísimo interés, que todo esto se esté hablando es una muestra de ello. El inquilino es un sujeto social vulnerado y debe ser comprendido como tal. En nuestras primeras reuniones éramos apenas un grupo de vecinos preocupados por todas estas cosas que nos tocaba vivir y teníamos un montón de amigos que enfrentaban los mismos problemas. En un principio llegamos a entender que no había salida pero decidimos avanzar sobre eso y pudimos empezar a presentar muchos proyectos como lo es la media sanción de la ley nacional en el Senado que está trabada en la cámara baja por el lobby inmobiliario representado en el diputado Daniel Lipovetzky. Acá en Córdoba hemos presentado varios proyectos, uno de ellos es el que solicita la creación de la Defensoría del Inquilino porque creemos que nosotros podemos generar muchas instancias de concientización pero nada va a cambiar si el Estado no se hace cargo y equilibra un poco una balanza que para nosotros está totalmente desequilibrada.

-¿Es muy fuerte el lobby inmobiliario en Córdoba?
-La verdad que sí. Pero no sólo por parte de los inversores o los dueños de las propiedades sino también por parte de aquellos que también intervienen o que están en el medio, por ejemplo las inmobiliarias. Por eso nosotros creemos que no tenemos que pagar comisión inmobiliaria porque es un servicio que sólo usufrutua el propietario y no el inquilino. Nosotros tenemos un polo estudiantil muy grande en Córdoba que genera mucha demanda dándole mucho poder al mercado y eso de la mayor facilidad a estas empresas para fijar las pautas de funcionamiento.