
Política
Sergio Busso: «El 60% de los que producen, arriesgan e invierten, no son los dueños de la tierra»
El pasado miércoles, la Legislatura de Córdoba aprobó por unanimidad la Ley Desarrollo Integral de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena de la Provincia de Córdoba; como así también la adhesión a la Ley Nacional de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar para la Construcción de una Nueva Ruralidad en la Argentina, sancionada en diciembre del 2014 por el Congreso, pero nunca reglamentada por el Poder Ejecutivo.
De esta manera, declaró de interés público la agricultura familiar, campesina e indígena, en razón de su aporte social y económico a la seguridad y soberanía alimentaria de la población; por manifestarse como un móvil esencial de la práctica y promoción de sistemas de vida y de producción que preservan la biodiversidad, los procesos sostenibles de transformación productiva y la representación de un ideal transformador sobre la realidad que moviliza una reparación histórica del sector.
El ámbito de aplicación será en la totalidad del territorio de la Provincia de Córdoba y la autoridad de aplicación de dicha Ley será el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Del mismo modo, se creará el Consejo Asesor Provincial de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, cuya función será asistir a la Autoridad de Aplicación en las materias que regula esta Ley, como así también en el diseño e implementación de políticas públicas estratégicas para el desarrollo sustentable y su consolidación.
Para el Ministro de Agricultura Sergio Busso, la aprobación de la norma provincia “es un punto de partida del cuál van a salir muchas inquietudes e ideas, pero también es la consolidación de un trabajo territorial muy fuerte que se vino dando entre el Poder Ejecutivo, el Legislativo y muchas organizaciones que representan a aquellas personas vinculadas con la agricultura familiar. Me parece que ese trabajo es fundamental para entender la forma en que está ley fue aprobada (por unanimidad), que le da una gran legitimidad y la fortalece desde el plano institucional”.
-¿Qué peso específico tiene la norma?
-Es cierto que se adhiere a una ley nacional que fue aprobada en el 2014, pero que también tiene un dispositivo propio para tratar de poner en valor a todo un universo de trabajadores agropecuarios de toda la provincia. Obviamente que hay un mayor protagonismo en todo el arco del norte, pero contamos con experiencias en todo el territorio de la mano de productores y emprendedores pequeños que necesitan un acompañamiento particular por parte del Estado. Hay que decir, también, que, si bien venimos trabajando en estos temas a partir de otras políticas; que tienen que ver con las grandes obras de infraestructura, caminos, electricidad, agua, e inclusive con la creación del banco de tierras para regularizar la situación de muchos lugares en donde los títulos son dificultosos; esta ley pone en valor todas esas acciones. La producción en Córdoba es muy diversa, y si bien nosotros podemos mostrar números importantes en lo que refiere a cultivos extensivos y cosechas récord, también hay una infinidad de productores pequeños a los que nosotros queremos proteger y salvaguardar porque creemos que es muy importante que esa gente pueda seguir produciendo en el lugar en el que nacieron.
-Una de las disposiciones que se aprueban con la normativa dispone la creación de un Banco de Semillas ¿Cómo va a funcionar eso?
-Ahí se trata de preservar la genética y la semilla autóctona, sobre todo. A nivel nacional, hoy se está discutiendo una Ley de Semillas y nosotros queremos avanzar en acciones para proveer a muchos sectores de buena genética, y semillas que garanticen el desarrollo de distintas producciones a lo largo de toda la provincia. Hay una decisión política del Estado provincial que se puso de manifiesto en la Legislatura a partir de la cual debemos ocuparnos de atender las necesidades de muchas familias de toda la provincia que, obviamente, quieren tener una oportunidad para producir y desarrollarse.
-¿Hay un relevamiento que indique cuántas hectáreas de la provincia están destinada a este tipo de organización productiva?
-Siempre son datos relativos, por eso es importante que la ley contemple la creación de un registro al respecto. Tenemos información, pero es necesario cruzarla con otros datos, como los que provienen del registro que existe a nivel nacional o la que vaya a surgir del Censo Nacional Agropecuario. Todo eso nos permitirá saber en dónde estamos parados. Hoy tenemos datos que, al ser sistematizados, nos permitirán saber al detalle la situación de cada uno de los beneficiarios de esta Ley. Yo veo mucha informalidad y avanzar sobre eso es un paso muy importante porque, a veces, la vinculación del Estado con los productores individuales se complica mucho. Por ejemplo, en el Programa 1000 Toros Córdoba, que tenía mucha relevancia en el noroeste, era para productores pequeños y a nosotros se nos dificultaba que ellos pudieran acceder a una buena genética reproductiva en ganado porque no se había desarrollado una adecuada formalidad. Me parece que hay mucho por hacer, creo que el registro nos va a dar mucha más transparencia en la información y eso nos va a permitir tener más certeza en las políticas.

-¿Se pensaron en esta ley políticas concretas que tiendan a atender las problemáticas de desalojos que enfrentan muchas familias que se dedican a la actividad en algunas zonas específicas de la provincia?
-El Consejo Asesor va a ser el responsable de estudiar y pensar estrategias específicas para todo este tipo de casuística que aparece de modo permanente. Por eso señalo que la ley pone en valor, desde el Estado, lo que nosotros queremos proteger. Estamos ante una instancia superadora porque una cosa es decirlo y otra es darle un marco normativo-institucional que pone en valor esas cosas que nosotros queremos defender. Creo que vamos a poder avanzar en todos los temas, sobre todo teniendo en cuenta que vamos a poder contar con los recursos necesarios para tratar de proteger y valorar a las prácticas y a los productores.
-Estamos en la puerta de un final de gestión y me gustaría preguntarle por los desafíos del área con miras al futuro, teniendo en cuenta algunos temas que siempre surgen como el desarrollo del modelo productivo y la concentración de la tierra.
-Es bueno dar esa discusión, pero es necesario que la demos con seriedad e información precisa. Mi abuelo y mi padre eran referentes de la Federación Agraria Argentina y yo crecí escuchando postulados que decían que la tierra es de quien la trabaja, y eso era toda una definición. Ese concepto se cambió en la actualidad porque el que accedió a la tierra no es el que la está haciendo producir. El 60% de los que producen, arriesgan e invierten, no son los dueños de la tierra. Esos dueños de la tierra tienen una actitud rentística y el nuevo sujeto productivo es un hombre o una mujer joven, formada profesionalmente, hijo e hija de productores, que todos los días trata de ser protagonista intentando producir de la mejor manera posible. También veo un cambio cultural muy fuerte en ese sentido, porque hay una búsqueda por conservar los recursos que empuja a que ya no se produzca de cualquier manera y nosotros, desde el Estado, hemos aportado a eso con programas como el de Buenas Prácticas Agropecuarias que toma los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas y avanza en una apuesta muy fuerte en pos de cuidar el ambiente y cuidar los recursos. Con todo esto, yo quiero decir que a veces de demoniza mucho y se habla de grandes terratenientes, cuando en nuestra provincia eso casi no existe. La dificultad aparece cuando los dueños de la tierra no producen y los que sí lo hacen son personas o familias que arriesgan todos los días para producir más y de mejor manera. Todos números exitosos que hoy podemos mostrar, después de años de inundaciones y sequías, no son producto de los grandes terratenientes, sino que están empujados por el trabajo de productores pequeños y medianos que arriesgan e invierten todo el tiempo. Cuando les va bien, pueden tener alguna ganancia, pero cuando les va mal se les hace muy complicado recuperarse, por eso me parece que es muy importante protegerlos. Yo creo que el principal problema es que los dueños de la tierra no son los que la trabajan y eso genera muchos inconvenientes. El Estado debe intentar regular esta situación, que aparece como una discusión pendiente que tiene la producción de la Argentina, no solamente en Córdoba.
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