Brenda Austin: «La decisión debe ser potestad de la mujer»

La discusión en torno a la legalización del aborto en la Argentina ingresa en una de sus horas decisivas. Luego de más de dos meses de exposiciones públicas en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación por la que pasaron representantes de todos los sectores de la sociedad civil, los diputados deberán discutir entre nueve proyectos intentando consensuar un texto que se pondrá a consideración del pleno de la Cámara Baja el próximo miércoles 13 de junio.  Entre los diputados cordobeses, sólo cuatro han manifestado su explicito apoyo a la legalización de la práctica, Gabriela Estevez, Brenda Austín, Pablo Carro y Olga Rista; Negri esta indeciso y, de no mediar cambios de último momento, los demás votarán en contra. Junto a Victoria Donda (Libres del Sur), Mónica Macha (FPV) y Romina del Pla (FIT), la cordobesa Brenda Austin fue una de las primeras cuatro firmantes del proyecto de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito que se presentó por decimosegunda vez en el Congreso en marzo de este año. Con ella hablamos de cara a los momentos cruciales de un debate que a ocupado una de las centralidades políticas y sociales en la primer parte del 2018.

Diputados durante la presentación del proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en la Cámara de Diputados de la Nación. El proyecto alcanzó un total histórico de 71 firmas provenientes de casi todos los bloques parlamentarios. 

-¿Qué balance haces de estos casi dos meses de exposiciones en la Cámara de Diputados?
-El balance es sumamente positivo porque termina siendo un ejemplo de debate democrático sobre un tema sumamente complejo que cruza transversalmente a la sociedad, a la opinión pública y también a los bloques parlamentarios. Creo que hemos podido abordar el tema con mucha seriedad y con respeto a la diversidad de opiniones y eso, para mí, ya representa un logro. Pero también me parece que se han podido derribar muchos mitos durante estos dos meses, arrancamos este debate con quienes creían que decir estar “a favor de la vida” era un argumento suficiente para discutir sobre una política pública que debería llevar adelante un gobierno y terminamos reconociendo las complejidades y la multidisciplinariedad con la que se necesita abordar el tema. Por otro lado, me parece que quedaron saldadas algunas cuestiones sobre las cuales era necesario avanzar. La primera es que estamos hablando de un tema de salud pública, más allá de la discusión sobre la cantidad de abortos que se realizan en el país, no queda ninguna duda de que todos los días hay mujeres que arriesgan su vida. Esas mujeres son mujeres pertenecientes a los sectores más vulnerables, las mujeres más jóvenes y las mujeres más pobres, lo que convierte al tema en un problema de justicia social. Y no es sólo un problema de salud pública por lo que evidentemente representan los datos sobre los abortos realizados en la Argentina sino por la cantidad de mujeres que año a año son hospitalizadas (alrededor de 50 mil mujeres) por razones derivadas de las prácticas clandestinas sólo en el sistema público de salud de nuestro país, ahí tenés otro dato inocultable. Me parece que, al finalizar el debate, el mito que decía que bastaba estar “a favor de la vida” para justificar la posición en contra del aborto se cae y se da vuelta. Hoy es necesaria la despenalización y la legalización del aborto para proteger la vida de las mujeres y de reducir la tasa de interrupción de embarazos, que en nuestro país es muy alta.

-También hay argumentos legales sobre los que se hizo necesario avanzar.
-Sí, la discusión en torno a la constitucionalidad de la norma. Nosotros vimos que hubo argumentos contundentes que dejaron en claro que no existe norma, ni en la Constitución, ni en los tratados internacionales, que obliguen al Estado a penalizar. Es más, las recomendaciones de los órganos de monitoreo de esos tratados le vienen pidiendo a la Argentina que modifique la legislación. Frente a eso queda en evidencia que tenemos que discutir las cosas que estamos eligiendo discutir. Me parece que lo que termina por subyacer en toda esta discusión es definir quién toma la decisión sobre la posibilidad que tiene una mujer para interrumpir su embarazo. Hasta acá fue el Estado y su legislación. Al Estado le parece que en algunos casos es aceptable (por ejemplo si el embarazo es fruto de una violación) y en otro casos no. No hay derecho absoluto sino que hay razones y quien meritúa las razones es el Estado. Lo que nosotros estamos discutiendo es que la potestad de tomar esas decisiones, que son complejas, difíciles y que conjugan un montón de situaciones, sea de las mujeres.

-Hubo (y hay) una gran cantidad de jóvenes participando del debate.
-Sí, y poder trazar un perfil de quienes han participado también dice mucho. Entre los que hablaron a favor hubo un gran número de mujeres y muchos jóvenes que dan cuenta de un abordaje generacional de esta problemática. Además, entre estos expositores y expositoras hubo personas de un gran abanico profesional que no sólo llegaron desde todos los puntos del país sino que, además, vinieron en representación de numerosos países alrededor del mundo. Del otro lado vimos una voz bastante más homogénea. La gran mayoría varones, de edad más avanzada, entre los que primaba la formación en la Universidad Católica y Universidad Austral. Con esto yo no quiero descalificar argumentos sino hacer notar que ese pensamiento puede ser representativo de un sector de la sociedad argentina pero no de toda.

-Viéndolo desde afuera, uno imaginó cierto clima de tensión. ¿Les pasó lo mismo estando adentro o siempre estuvo clara la idea de que simplemente se estaban contrastando ideas?
-Por supuesto que se vivieron momentos de tensión. Yo creo que hay una línea de argumentos válidos y que nos interpelan desde su posición, hay otros que me parecieron absolutamente descalificativos y otros que directamente no puedo entender. Me parece una falta de respeto a la historia de nuestro país que haya argumentos que comparen una ley con el holocausto y con los campos de concentración; tratar de usa imágenes para herir la sensibilidad de los diputados presentes en la sala me parece de un bajeza que no corresponde al debate maduro que decidimos enfrentar. Por último, me preocupa que haya algunas posiciones que directamente plantean retroceder cien años. Hubo personas que no discutieron la despenalización sino que pusieron en cuestión el sistema de causales que hoy tenemos vigentes: hubo médicos que sostuvieron que una mujer que tenía cáncer no debía interrumpir su embarazo para acceder a la quimioterapia o escuchamos a personas sostener que estaba bien obligar a una niña de 11 años a transitar una maternidad forzada producto de una violación, esas cosas no contribuyen en nada. Hay quienes creen que debemos ir mucho más atrás de lo que hoy tenemos consagrado como derechos y eso a mí me conmueve y me indigna porque no puedo entender cómo no pueden ponerse en el cuerpo de esas niñas que quedaron embarazadas siquiera sin darse cuenta en una situación de abuso constante.

-Hay un proyecto en ese sentido que firman legisladores cordobeses, de hecho. ¿Esos proyectos se discuten en esta comisión que debate la legalización o tienen que ingresar por otro lado?
-Las comisiones que se han convocado a discutir el tema contemplan nueve proyectos y giran todos en torno a la despenalización y la legalización. Obvio que hay matices, pero todos parten de una serie de consensos básicos y coincidencias, por ejemplo que siempre se permita la interrupción del embarazo hasta la semana catorce sin preguntarle a la mujer cuáles son las razones que impulsan esa decisión y que eso se de en el marco del sistema de salud público. Todos los otros proyectos van por otro lado, de hecho creo que muchos de ellos fueron presentados con la intención de desviar la atención. A mí me parece que a la Argentina le va a venir bien discutir algunas cosas como una mejora en la ley de adopción, pero eso de ninguna manera puede ser una moneda de cambio para esta discusión. Estamos hablando del derecho a decidir y así como una mujer puede decidir dar a su hijo en adopción, no podemos obligar a nadie a llevar adelante un embarazo si así no lo desea. Tanto es así que el Comité contra la Tortura de la ONU dice que forzar a una mujer a transitar un embarazo no deseado es equivalente a tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Olga Rista, Gabriela Estevez, Brenda Austin y Pablo Carro son los cuatro diputados cordobeses que ya han anticipado su voto a favor de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Mario Negri aún no se decide. El resto, de no mediar cambios de último momento, votará en contra.

-¿Existe una tensión entre despenalización y legalización en las discusiones que se están dando en torno a los proyectos?
-Por el momento esa tensión no aparece. Entiendo que son dos puntos distintos porque la despenalización se resuelve con la modificación de un artículo del Código Penal mientas que la legalización crea un derecho y obliga al Estado a garantizarlo. Yo creo que una cosa va necesariamente atada a la otra, por eso decíamos que estamos frente a un problema de salud pública y de justicia social. Si nosotros solamente despenalizamos seguiremos reproduciendo el mismo problema porque lo único que estaríamos haciendo es cuidar el negocio de las clínicas privadas que realizan abortos a costos altísimos y las mujeres con menos recursos continuarían viviendo una situación de vulnerabilidad por la imposibilidad de acceder a la práctica segura en hospitales y centros de atención primaria. Quien discute eso discute la base del sistema solidario que sostiene el sistema de salud en la República Argentina y, por lo tanto, es una discusión que excede a este debate puntual. Si lo que les preocupa es el “costo”, el dinero que el Estado debería invertir en garantizar el derecho a la interrupción del embarazo, déjame decirte que la prohibición está saliendo mucho más cara. Hoy, garantizar el acceso mediante pastillas como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud sale centavos de dólar contra lo que le sale al Estado asistir a mujeres que llegan a los hospitales públicos como consecuencia de complicaciones en abortos clandestinos. La semana pasada en la Cámara, una médica contó la experiencia de una chica que tuvo que ser hospitalizada durante doce días, gran parte de ellos en terapia intensiva, como consecuencia de una perforación del útero por un aborto clandestino. Al hospital, eso le significó una erogación de $250.000. Como en toda la lógica del sistema de salud, el camino correcto es el de la prevención y de eso se trata cuando estamos queriendo sacar el tema del tabú y del ámbito de la criminalización. Cuando uno le hace frente al problema, se permite abordar las herramientas necesarias para solucionarlo.

-¿Cómo sigue la discusión? ¿Va a haber dictamen esta semana para que pueda ingresar al pleno el miércoles 13?
-No necesariamente debería haber dictamen esta semana, puede ser también a comienzos de la próxima. Pero hay un compromiso de todos los bloques para convocar a la sesión del 13 y habilitar el quórum necesario para que la discusión pueda hacerse efectiva en el pleno de la Cámara. Mientras tanto, hay una vocación para avanzar en los puntos necesarios que deriven en la construcción de la mejor ley posible.

-¿Cuáles son las diferencias que resultan más complicadas de reconciliar entre los nueve proyectos que se discuten en las comisiones?
-Hoy yo no veo que haya diferencias insalvables, sí creo que hay matices y posiciones que tenemos que acercar. Hay que resolver cómo se regula la ley para los casos en que quienes quieran acceder a la práctica sean adolescentes menores de edad porque los proyectos tiene redacciones distintas con alcances diferentes. Hay un consenso mayoritario en llegar a un texto que remita a lo que hoy dice el Código Civil y Comercial, ahí hay ya casi un acuerdo. Otro punto en el que podrían surgir diferencias fuertes tiene que ver con incorporar la objeción de conciencia pero bajo ciertos requisitos, nosotros queremos que sea bajo un registro previo y que se garantice el cumplimiento de la obligación de la clínica o del hospital para garantizar la práctica. Por otra parte hay distintos proyectos que incorporan consejerías planteados desde equipos interdisciplinarios de acompañamiento;  hay proyectos que hablan de consentimiento formal, otros que hablan de consentimientos pre y post-aborto. El acuerdo en torno a la necesidad del acompañamiento existe pero la discusión debe dejar en claro que eso no puede limitar el acceso al derecho, sobre todo en el interior en donde muchas veces no hay la cantidad de profesionales necesarios para garantizar el funcionamiento de un equipo interdisciplinario, si exigiéramos eso sería casi como imposibilitar el acceso de las mujeres a la interrupción voluntaria en ese sitio específico.

-¿Crees que sale?
-Yo tengo muchas expectativas. Falta un poquito, hay unos 30 diputados y diputadas que no se decidieron y me parece que, ahí, lo que pase en la calle será fundamental. Hay una sociedad comprometida en que esta ley salga y yo creo que si eso se pone de manifiesto, los representantes van a estar observando eso, tanto la evolución de las movilizaciones en sus provincias como lo que sucede puntualmente el día de la sesión.

Pañuelazo durante la marcha convocada por el colectivo #NiUnaMenos. Buenos Aires. 4 de Junio de 2018.